La decisión del ayuntamiento de
Arrecife de solicitar, por tercera vez, un informe técnico para la aprobación
de una misma cosa, el solar en la trasera del Argana Centro, para entendernos (llamada
técnicamente Unidad de Actuación 12) viene a significar, de entrada, una enorme
desconfianza, colindante con el insulto, hacia la jefatura de la Oficina
Técnica Municipal. Ese departamento elaboró en su día un informe que daba luz
verde a la reparcelación de esa Unidad de Actuación pero el Teniente de Alcalde
de Arrecife, el socialista José Montelongo, paralizó su aprobación en pleno y
le pidió, a la misma técnico, un segundo informe.
A finales de la pasada semana se
conoció ese segundo informe que igualmente era favorable a la aprobación de
reparcelación y, de nuevo, Montelongo no se fía de los funcionarios municipales
y pide un tercer informe, según AC25M. Esa insistencia en pedir soporte jurídico a una
decisión política, al margen de humillar a los técnicos del ayuntamiento,
supone un vacile, un reírse, de los empresarios que acordaron, bajo convenio aprobado
por el ayuntamiento, la reparcelación de la zona.
Seguramente habrán oído ustedes
cómo, en ocasiones, los políticos se refieren a Lanzarote como un lugar donde
hay enorme inseguridad jurídica y, por tanto, los inversores no se aventuran a
crear riqueza. Una afirmación no del todo cierta pero que, en todo caso, y en
el asunto del intento de Mercadona de Argana, podemos decir que lo que hay es
una inseguridad política alarmante.
Ustedes que, como yo, hemos sido
testigos de operaciones policiales en las que se ha detenido a políticos de dos en dos y de tres en tres y de
sumarios judiciales (Unión, Jable, Montecarlo,…) donde la relación entre
empresarios y políticos ha estado plagada de sobornos, prevaricaciones,
comisiones y tal, tienen, tenemos, todo el derecho del mundo a pensar mal
cuando buscamos respuesta a la pregunta de qué intereses puede tener un
político cuando paraliza una y otra vez el desarrollo de una zona de la
Capital.
