El caso Teguise

El Partido Socialista y Coalición Canaria han formalizado moción de censura en el ayuntamiento de Teguise para desalojar al actual alcalde, José Dimas Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote, PIL, que actualmente gobierna en minoría. Proponen como nuevo primer edil a Juan Pedro Hernández (CC), que ya tiene experiencia en el cargo puesto que ocupó el máximo sillón municipal durante más de tres lustros.

            Sobra decir que esta operación cuenta con el visto bueno de Juan Fernando López Aguilar, el Secretario General de los Socialistas de Canarias, sumo sacerdote de la ética y la estética política y principal azote de Coalición Canaria, formación de la que no tiene un buen concepto, precisamente. Pero, bien, puede darse el caso que, de hecho, se ha dado. Sin embargo la historia reciente nos deja un llamativo detalle que no es preciso dejar de lado.

            El propuesto para alcalde con total respaldo del PSC, el citado Juan Pedro Hernández, está imputado por los tribunales de Justicia por haber concedido casi una decena de licencias para establecimientos turísticos en Costa Teguise que han sido declaradas ilegales. Llama la atención que los socialistas aúpen a alguien así sin que se les quede alguna mancha en el traje.

            Pero, por si la memoria llega a tan poco, conviene recordar que a Juan Pedro Hernández no lo denuncié yo (que dicho sea de paso le tengo cierto aprecio personal y deseo que salga indemne del charco en el que se metió). Resulta que quien denunció a Hernández fue el mismísimo Secretario General de los Socialistas conejeros y fan número uno de JFLA, Carlos Espino.

            Es decir, el Partido Socialista devuelve a Juan Pedro Hernández al lugar donde cometió los presuntos hechos delictivos por los que le denunció el propio Partido Socialista. Sostiene Carlos Espino que hay que jerarquizar objetivos y que es más que urgente echar a José Dimas Martin, o sea al PIL, aún a costa de aupar al poder a quien él cree que es un delincuente. Pero que supone que no lo hará más. Imagino.

            Ellos (el Partido Socialista) tienen un muy mal concepto de Juan Pedro Hernández, a quien consideran un pelele político. Lo denunciaron ante la Udyco (Unidad de Droga y el crimen Organizado de la Policía), cierto,  pero en el fondo creen que sólo es culpable de lo que los argentinos dieron en llamar la “obediencia debida”. Ya se podrán imaginar a quien obedecía, teniendo en cuenta que los hechos querellados coincidieron con Hernández como militante del PIL.

            Así que ahora, bajo su tutela, Juan Pedro Hernández ya no tendrá la firma floja. Por lo tanto, y en conclusión, Juan Fernando López Aguilar no es culpable de regresar a un presunto delincuente al lugar donde se cometieron los supuestos delitos, sino de contribuir a la total y absoluta rehabilitación de un, quien sabe si, corrupto. Lo cual queda mucho más socialista, dónde va a parar.